El Gobierno espera que la investigación aporte la tregua que la economía o el empleo no han permitido. Según sus previsiones, la ley se aprobará con un apoyo casi unánime, un consenso perseguido desde 2008, cuando comenzó a pergeñarse el texto, y cuyo logro no está exento de costes, según algunos sectores. El Gobierno esperaba ayer que IU, ICV y UPyD sean los únicos que se opongan a la norma o se abstengan en la votación de hoy, según fuentes del Ministerio de Ciencia.
Entre sus objetivos principales, la ley establece una nueva carrera científica. Esta comienza con contratos laborales que sustituirán a las becas con las que hasta ahora se pagaba a los investigadores jóvenes que trabajan en su tesis doctoral. Le sigue otra etapa de hasta cinco años con un contrato después de la cual los científicos podrán competir por una plaza fija como investigadores funcionarios, cuyas escalas también reorganiza la nueva ley.
Esta carrera investigadora, con contratos laborales y sin becas, ha sido uno de los asuntos más discutidos durante el proceso de negociación de la ley y no ha dejado contentos a ninguno de los dos extremos. Por un lado, las sociedades científicas españolas criticaban la excesiva funcionarización de la investigación en España y la falta de "flexibilidad". Por otro, los sindicatos veían en esas críticas un intento de restar derechos a los trabajadores. Más aún, darles un contrato a los becarios del sector público suponía un coste extra que no gustaba nada en el Gobierno en tiempos de máxima austeridad presupuestaria debido a la crisis.
Dependiente del plan de austeridad aprobado por el Gobierno el pasado 29 de enero, el coste de aplicación de la Ley de la Ciencia será de "unos 40 millones de euros", según fuentes del Ministerio de Ciencia. 30 de ellos servirán para costear los nuevos contratos para investigadores y otros diez para la reorganización de los Organismos Públicos de Investigación que dependen del Ministerio. Los gastos se desprenden de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, un documento que incluye los gastos asociados a la ley, al que ha tenido acceso Público.
La ley pretende "superar" la anterior norma que regulaba el sistema de I+D, aprobada en 1986. La reforma debe hacerse en un panorama poco propicio, según el documento de 160 páginas que maneja el Ministerio y que, en el epígrafe Circunstancias que rodean a la realidad científico-tecnológica de España, reconoce el "retraso en materia de I+D+i, tanto en inversión total en I+D sobre el PIB como a la participación empresarial en esta inversión". El documento, provisional hasta que termine el trámite parlamentario, también detecta otras debilidades como "la escasez de recursos públicos e infraestructuras científico-tecnológicas", la "falta de masa crítica de nuestro sistema de I+D+i, tanto en el sistema público como en el privado" y el "retraso en el desarrollo de la Sociedad de la Información".
La norma que hoy se vota en el Congreso pretende sobreponerse a ese panorama, con instrumentos como la Agencia Estatal de Investigación, que se encargará de repartir los fondos de I+D junto al CDTI, ya existente, de forma independiente. Tras su paso por ambas cámaras, las enmiendas incluidas en la ley obligan al Gobierno a crear esa agencia en un año. Según la memoria económica y tal como ha repetido muchas veces el Ministerio, la creación de este organismo no tendrá coste alguno, ya que reorganizará recursos existentes en el Ministerio de Ciencia.
IMPERFECCIÓN Y CONSENSO
"La ley quizás no cumpla las expectativas que algunos tenían, pero sí es un paso adelante muy notable", señaló ayer Guillermo Bernabéu, diputado del PSOE. "Esperamos una votación casi unánime", destacó. Lo mismo esperan desde el PP, que también votará a favor, según su diputado Gabriel Elorriaga, quien da la bienvenida a la norma con alguna reserva. "Es una ley que implica avances en bastantes aspectos, aunque no es todo lo transformadora que nos hubiera gustado", señaló. "La ley hará un sistema de I+D más flexible", opinó Inma Riera, de CiU. "El coste de no hacer una ley era mayor que el de hacerla, aunque fuera imperfecta como esta", explicó José Ramón Beloki, del PNV, quien piensa que la ley debe ser sólo la antesala de reformas más profundas en el sistema de I+D. "Hemos hecho una ley casi unánime pero muy abierta, ahora hay que darle la vuelta al sistema de I+D", valoró Beloki.
Desde las filas de IU e ICV se oponen a la ley debido a que, en la línea de los sindicatos, los nuevos contratos no les parecen todo lo dignos que debieran. "Aunque se han conseguido mejoras por la eliminación de las becas, la ley deja a otros investigadores en un sistema precario y de concepción decimonónica", espetó ayer Gaspar Llamazares, de IU, informa Juanma Romero.
SUELDOS JUGOSOS PARA CIENTÍFICOS DE PRESTIGIO
350.000 españoles en la I+D
En 2008, unas 350.000 personas se dedicaban a investigación y desarrollo en España, según las cifras de Ciencia. Casi el 62%, unas 218.000 personas (81.600 mujeres) eran investigadores.
140.000 euros para los mejores
La memoria económica establece un máximo de 140.000 euros anuales para los contratos de investigadores distinguidos y un mínimo de 55.300 euros. La media de estos científicos "de reconocido prestigio", tanto directores de equipos humanos como investigadores punteros en proyectos de gran relevancia, se situará en 97.666 euros.
12.000.000 en predoctorales en 2014
A los contratos predoctorales, los sustitutos de las becas que ahora dominan los inicios de las carreras científicas, se destinarían 9,7 millones de euros en 2013 y 12 millones en 2014, según la memoria económica. A partir de 2015, el dinero baja, con 9,7 millones ese año y 8,5 millones en 2016.
18.000 mujeres en empresas
Por sectores, más de la mitad de los casi 218.000 investigadores en España, el 56%, desarrolla su actividad en la enseñanza superior. En 2008, el 77% del personal de I+D de las universidades era investigador, según los datos de la memoria económica. En empresas privadas había 62.000 investigadores, con sólo 18.000 mujeres.
LABORATORIOS SIN BECARIOS
Nueva carrera
La Ley de la Ciencia recoge tres contratos (predoctoral, de acceso y de investigador distinguido). Los predoctorales, con una duración de cuatro años, sustituirán a las becas y permitirán que todos los investigadores que trabajan para realizar su tesis doctoral tengan seguridad social. El contrato de acceso, para doctores, tiene una duración máxima de cinco años con varias evaluaciones. Cumplido este plazo o antes de que lo haga, los investigadores podrán competir por plazas de investigador funcionario cuyo número determinará el Gobierno en función de los fondos disponibles. Tras la introducción de varias enmiendas en su trámite parlamentario, la ley reconoce que las evaluaciones positivas que han pasado los investigadores de los programas Ramón y Cajal y Miguel Servet serán tenidas en cuenta en las oposiciones. Sin embargo, la Plataforma Investigación Digna, cuya carta de apoyo ha sido firmada por más de 2.500 investigadores, critica la ley debido a que no se establece una concordancia entre el número de investigadores que terminan su contrato de acceso y la oferta pública de plazas de funcionario, algo que el Ministerio de Ciencia dice "que no iba a pasar nunca". CC.OO. y UGT también se oponen a la reordenación de los contratos, que lleva "ad infinitum la precariedad laboral", según CC.OO.
Agencia
La nueva Agencia Estatal de Investigación es la respuesta del Gobierno a los bandazos en la financiación de I+D que han sucedido cuando cambia el signo del Gobierno de turno. El nuevo organismo pretende ser independiente del Gobierno y permitir una financiación más estable. Su estructura y funcionamiento quedan por determinar, aunque se deberá construir a base de recursos ya existentes para que su coste sea cero. Una enmienda obliga al Gobierno a crearla en un año. "La Agencia ya estaba en el programa del PSOE de 2004 y no hacía falta esperar a esta ley para crearla", señala Joan Guinovart, presidente de las Sociedades Científicas de España.
Movilidad
La ley fomenta que los investigadores se muevan entre centros nacionales y extranjeros en estancias formativas y excedencias tanto en el sector público como el privado.
Comité de Ética
Otra de las novedades que introducirá la nueva Ley de la Ciencia será el Comité Español de Ética de la Investigación, un órgano que se dedicará a intentar garantizar "la ética profesional en la investigación científica y técnica y los conflictos de intereses entre las actividades públicas y privadas". Una de sus misiones será elaborar códigos de buenas prácticas en la investigación, como ocurre en otros países. En muchas tareas, el nuevo comité se coordinará con el Comité de Bioética de España, creado en 2007 para opinar sobre las implicaciones éticas y sociales de la biomedicina y las ciencias de la salud. Ambos son órganos independientes.
Entre sus objetivos principales, la ley establece una nueva carrera científica. Esta comienza con contratos laborales que sustituirán a las becas con las que hasta ahora se pagaba a los investigadores jóvenes que trabajan en su tesis doctoral. Le sigue otra etapa de hasta cinco años con un contrato después de la cual los científicos podrán competir por una plaza fija como investigadores funcionarios, cuyas escalas también reorganiza la nueva ley.
Esta carrera investigadora, con contratos laborales y sin becas, ha sido uno de los asuntos más discutidos durante el proceso de negociación de la ley y no ha dejado contentos a ninguno de los dos extremos. Por un lado, las sociedades científicas españolas criticaban la excesiva funcionarización de la investigación en España y la falta de "flexibilidad". Por otro, los sindicatos veían en esas críticas un intento de restar derechos a los trabajadores. Más aún, darles un contrato a los becarios del sector público suponía un coste extra que no gustaba nada en el Gobierno en tiempos de máxima austeridad presupuestaria debido a la crisis.
Dependiente del plan de austeridad aprobado por el Gobierno el pasado 29 de enero, el coste de aplicación de la Ley de la Ciencia será de "unos 40 millones de euros", según fuentes del Ministerio de Ciencia. 30 de ellos servirán para costear los nuevos contratos para investigadores y otros diez para la reorganización de los Organismos Públicos de Investigación que dependen del Ministerio. Los gastos se desprenden de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, un documento que incluye los gastos asociados a la ley, al que ha tenido acceso Público.
La ley pretende "superar" la anterior norma que regulaba el sistema de I+D, aprobada en 1986. La reforma debe hacerse en un panorama poco propicio, según el documento de 160 páginas que maneja el Ministerio y que, en el epígrafe Circunstancias que rodean a la realidad científico-tecnológica de España, reconoce el "retraso en materia de I+D+i, tanto en inversión total en I+D sobre el PIB como a la participación empresarial en esta inversión". El documento, provisional hasta que termine el trámite parlamentario, también detecta otras debilidades como "la escasez de recursos públicos e infraestructuras científico-tecnológicas", la "falta de masa crítica de nuestro sistema de I+D+i, tanto en el sistema público como en el privado" y el "retraso en el desarrollo de la Sociedad de la Información".
La norma que hoy se vota en el Congreso pretende sobreponerse a ese panorama, con instrumentos como la Agencia Estatal de Investigación, que se encargará de repartir los fondos de I+D junto al CDTI, ya existente, de forma independiente. Tras su paso por ambas cámaras, las enmiendas incluidas en la ley obligan al Gobierno a crear esa agencia en un año. Según la memoria económica y tal como ha repetido muchas veces el Ministerio, la creación de este organismo no tendrá coste alguno, ya que reorganizará recursos existentes en el Ministerio de Ciencia.
IMPERFECCIÓN Y CONSENSO
"La ley quizás no cumpla las expectativas que algunos tenían, pero sí es un paso adelante muy notable", señaló ayer Guillermo Bernabéu, diputado del PSOE. "Esperamos una votación casi unánime", destacó. Lo mismo esperan desde el PP, que también votará a favor, según su diputado Gabriel Elorriaga, quien da la bienvenida a la norma con alguna reserva. "Es una ley que implica avances en bastantes aspectos, aunque no es todo lo transformadora que nos hubiera gustado", señaló. "La ley hará un sistema de I+D más flexible", opinó Inma Riera, de CiU. "El coste de no hacer una ley era mayor que el de hacerla, aunque fuera imperfecta como esta", explicó José Ramón Beloki, del PNV, quien piensa que la ley debe ser sólo la antesala de reformas más profundas en el sistema de I+D. "Hemos hecho una ley casi unánime pero muy abierta, ahora hay que darle la vuelta al sistema de I+D", valoró Beloki.
Desde las filas de IU e ICV se oponen a la ley debido a que, en la línea de los sindicatos, los nuevos contratos no les parecen todo lo dignos que debieran. "Aunque se han conseguido mejoras por la eliminación de las becas, la ley deja a otros investigadores en un sistema precario y de concepción decimonónica", espetó ayer Gaspar Llamazares, de IU, informa Juanma Romero.
SUELDOS JUGOSOS PARA CIENTÍFICOS DE PRESTIGIO
350.000 españoles en la I+D
En 2008, unas 350.000 personas se dedicaban a investigación y desarrollo en España, según las cifras de Ciencia. Casi el 62%, unas 218.000 personas (81.600 mujeres) eran investigadores.
140.000 euros para los mejores
La memoria económica establece un máximo de 140.000 euros anuales para los contratos de investigadores distinguidos y un mínimo de 55.300 euros. La media de estos científicos "de reconocido prestigio", tanto directores de equipos humanos como investigadores punteros en proyectos de gran relevancia, se situará en 97.666 euros.
12.000.000 en predoctorales en 2014
A los contratos predoctorales, los sustitutos de las becas que ahora dominan los inicios de las carreras científicas, se destinarían 9,7 millones de euros en 2013 y 12 millones en 2014, según la memoria económica. A partir de 2015, el dinero baja, con 9,7 millones ese año y 8,5 millones en 2016.
18.000 mujeres en empresas
Por sectores, más de la mitad de los casi 218.000 investigadores en España, el 56%, desarrolla su actividad en la enseñanza superior. En 2008, el 77% del personal de I+D de las universidades era investigador, según los datos de la memoria económica. En empresas privadas había 62.000 investigadores, con sólo 18.000 mujeres.
LABORATORIOS SIN BECARIOS
Nueva carrera
La Ley de la Ciencia recoge tres contratos (predoctoral, de acceso y de investigador distinguido). Los predoctorales, con una duración de cuatro años, sustituirán a las becas y permitirán que todos los investigadores que trabajan para realizar su tesis doctoral tengan seguridad social. El contrato de acceso, para doctores, tiene una duración máxima de cinco años con varias evaluaciones. Cumplido este plazo o antes de que lo haga, los investigadores podrán competir por plazas de investigador funcionario cuyo número determinará el Gobierno en función de los fondos disponibles. Tras la introducción de varias enmiendas en su trámite parlamentario, la ley reconoce que las evaluaciones positivas que han pasado los investigadores de los programas Ramón y Cajal y Miguel Servet serán tenidas en cuenta en las oposiciones. Sin embargo, la Plataforma Investigación Digna, cuya carta de apoyo ha sido firmada por más de 2.500 investigadores, critica la ley debido a que no se establece una concordancia entre el número de investigadores que terminan su contrato de acceso y la oferta pública de plazas de funcionario, algo que el Ministerio de Ciencia dice "que no iba a pasar nunca". CC.OO. y UGT también se oponen a la reordenación de los contratos, que lleva "ad infinitum la precariedad laboral", según CC.OO.
Agencia
La nueva Agencia Estatal de Investigación es la respuesta del Gobierno a los bandazos en la financiación de I+D que han sucedido cuando cambia el signo del Gobierno de turno. El nuevo organismo pretende ser independiente del Gobierno y permitir una financiación más estable. Su estructura y funcionamiento quedan por determinar, aunque se deberá construir a base de recursos ya existentes para que su coste sea cero. Una enmienda obliga al Gobierno a crearla en un año. "La Agencia ya estaba en el programa del PSOE de 2004 y no hacía falta esperar a esta ley para crearla", señala Joan Guinovart, presidente de las Sociedades Científicas de España.
Movilidad
La ley fomenta que los investigadores se muevan entre centros nacionales y extranjeros en estancias formativas y excedencias tanto en el sector público como el privado.
Comité de Ética
Otra de las novedades que introducirá la nueva Ley de la Ciencia será el Comité Español de Ética de la Investigación, un órgano que se dedicará a intentar garantizar "la ética profesional en la investigación científica y técnica y los conflictos de intereses entre las actividades públicas y privadas". Una de sus misiones será elaborar códigos de buenas prácticas en la investigación, como ocurre en otros países. En muchas tareas, el nuevo comité se coordinará con el Comité de Bioética de España, creado en 2007 para opinar sobre las implicaciones éticas y sociales de la biomedicina y las ciencias de la salud. Ambos son órganos independientes.
Autor: Nuño Domínguez
Fuente: Público
