Tal y como se puso de relieve en el 13º Congreso Nacional de
Medio Ambiente (CONAMA), celebrado recientemente en Madrid, uno de los mayores
retos ambientales a los que nos enfrentamos en la actualidad son las basuras
marinas. Un problema que afecta a todos los países en mayor o menor medida.
Uno de los orígenes de estos residuos procede del
desmantelamiento de buques y embarcaciones de recreo al final de su vida útil.
Tanto los buques como las embarcaciones contienen materiales fácilmente
reciclables como el acero, la madera o la fibra de vidrio, así como residuos
peligrosos.
La Ley de Residuos y Suelos Contaminados 22/2011, incluye en
la definición de residuo doméstico los vehículos abandonados, ya que están
catalogados como residuo peligroso en la Orden MAM /304/2002, pero no se
incluyen las embarcaciones. Este vacío legal tiene múltiples consecuencias como
la falta de definición de competencias en caso de abandono de la embarcación o
varamiento sin posibilidad de identificar al dueño. Del mismo modo, sólo unas
pocas instalaciones en algunas Comunidades Autónomas tienen los permisos
legales necesarios para funcionar en condiciones apropiadas desde el punto de
vista ambiental y de seguridad laboral, que permitirían gestionar todos los
barcos pesqueros y pequeños buques que dejaran de estar en activo a corto y
medio plazo.